¡Enhorabuena! Ya han encontrado la vivienda, el banco ha aprobado la hipoteca y falta una semana para la firma. Entonces, el notario pregunta amablemente: «¿Qué régimen económico matrimonial tienen?». Uno mira al otro. Se casaron, lo celebraron y se pusieron los anillos, pero nunca se habían parado a pensar en cómo se organizan sus bienes.
Estas situaciones no son raras en las notarías españolas y pueden acabar de distintas maneras: desde un momento incómodo hasta el aplazamiento de la compraventa. El matrimonio puede influir en una hipoteca más de lo que muchos imaginan. En este artículo repasamos las dudas más habituales antes de pedir financiación para comprar una vivienda: cómo solicitarla entre dos y qué documentos preparar, si puede pedirla solo uno y qué consecuencias puede tener para el otro, en qué se diferencia una pareja de hecho del matrimonio y qué ocurre con la deuda hipotecaria si la relación termina.
El punto de partida: el régimen económico matrimonial
Dos regímenes principales y uno por defecto
En España, los matrimonios suelen estar sujetos a uno de los dos regímenes económicos principales. El primero es la sociedad de gananciales: los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen, por regla general, a ambos cónyuges, aunque en los documentos aparezca un solo titular. El segundo es la separación de bienes: cada cónyuge conserva sus propios bienes y solo es común aquello que compran conjuntamente. Si no hay capitulaciones, en la mayoría de las comunidades se aplica por defecto la sociedad de gananciales. La separación de bienes es el régimen supletorio en Cataluña y las Islas Baleares.
En la Comunidad Valenciana, si la pareja no ha otorgado capitulaciones matrimoniales, se aplican las normas del Código Civil español; por tanto, el régimen por defecto es la sociedad de gananciales.
Si se casaron fuera de España
Es una situación habitual entre quienes se trasladan a España y puede suscitar muchas dudas. ¿Por qué necesita saber el notario cuál es su régimen económico? Porque determina quién será propietario de la vivienda y quién debe firmar. En régimen de gananciales, una vivienda comprada durante el matrimonio puede pertenecer a ambos, por lo que, normalmente, el notario pedirá que los dos estén presentes en la firma. En separación de bienes, uno de los cónyuges puede ser el único comprador. El notario deja constancia del régimen aplicable en la escritura de compraventa y el Registro de la Propiedad inscribe el inmueble conforme a esa información. El banco también necesita saber a quién pertenece la vivienda y quién debe firmar la hipoteca. Un error sobre el régimen económico puede acabar provocando un error en la titularidad registral, cuya rectificación puede ser lenta y costosa.
El régimen aplicable no depende del lugar donde se compra la vivienda, sino de la legislación que corresponda a la pareja. Desde el 29 de enero de 2019, en España se aplica el Reglamento europeo 2016/1103 sobre la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales. Está vigente en España y en varios países de la UE, y se aplica a los matrimonios celebrados después de esa fecha y a las parejas que hayan elegido la ley aplicable a partir de entonces. La nacionalidad no determina por sí sola el resultado: el Reglamento establece qué legislación nacional rige el régimen; el contenido de ese régimen viene dado por la propia ley del país correspondiente.
El proceso funciona así. Primero se comprueba si los cónyuges eligieron la ley aplicable. Pueden elegir la ley del país en el que resida uno de ellos o la de un país del que uno sea nacional. La elección debe constar por escrito, con fecha y firmas. En la práctica, cuando se trata de comprar una vivienda en España, suele formalizarse ante notario. Si no se eligió ninguna ley, por regla general se aplica la del país en el que la pareja vivió junta por primera vez tras la boda. Si no hubo un país de residencia común, puede aplicarse la ley de la nacionalidad común que tuvieran el día de la boda; si tampoco compartían nacionalidad, se atiende al país con el que la pareja tenga una conexión más estrecha. Hay un detalle que suele pasarse por alto: la ley aplicable no cambia automáticamente con el tiempo. Trasladarse a España diez años después de casarse no modifica por sí solo el régimen.
En los matrimonios celebrados antes del 29 de enero de 2019 no se aplica este Reglamento, sino el artículo 9 del Código Civil español. El orden de los criterios es distinto: primero se tiene en cuenta la nacionalidad común de los cónyuges en la fecha del matrimonio; después, la ley que hayan elegido previamente ante notario; a continuación, el país de su primera residencia común y, por último, el lugar donde se casaron. El resultado puede cambiar respecto al que se obtendría con el Reglamento, por lo que la fecha de la boda es importante.
Por ejemplo, imaginemos a una pareja que se casó en 2021 y empezó a vivir junta en un país cuyo régimen por defecto es el de gananciales. La ley de ese país podría regir los bienes adquiridos durante el matrimonio, aunque más adelante la pareja compre una vivienda en España. Una pareja británica que empezó a convivir en el Reino Unido tras casarse podría encontrarse en una situación distinta: el derecho inglés no establece un régimen general de bienes gananciales, aunque un tribunal puede distribuir los bienes de otra manera en un proceso de divorcio. Así, la misma compra puede implicar distintos derechos de propiedad y requisitos de firma.
Antes de cerrar la compraventa, si se casaron fuera de España, conviene averiguar:
- si el matrimonio se celebró antes o después del 29 de enero de 2019 (compruébenlo en el certificado de matrimonio);
- dónde empezaron a vivir juntos tras la boda y qué nacionalidad tenía cada uno en esa fecha;
- si firmaron capitulaciones o eligieron por escrito la ley aplicable;
- qué régimen resulta de la legislación del país correspondiente; para determinarlo, es recomendable consultar a un abogado.
Hay dos interlocutores a los que conviene consultar. El primero es el notario que tramitará la compra o un abogado (abogado) especializado en derecho de familia internacional. Ellos podrán indicar si la documentación es suficiente. El notario debe aplicar la legislación extranjera que corresponda, pero puede pedirles que acrediten su contenido mediante un informe jurídico o una declaración conjunta de los cónyuges. En casos complejos, puede solicitar más documentos. El segundo interlocutor es el banco. Les pedirá que acrediten el régimen económico junto con el resto de la documentación de la hipoteca, porque necesita saber quién debe firmar.
Dedicar un mes a este trámite no es exagerado. Puede que tengan que legalizar el certificado de matrimonio con la apostilla y traducirlo mediante un traductor jurado, lo que puede llevar varias semanas. Un informe sobre la legislación extranjera también requiere tiempo. Mientras tanto, el contrato de arras suele fijar un plazo y el banco no va a esperar a que consigan el certificado que falta. Si se acuerdan del régimen económico la víspera de la firma, la compraventa puede aplazarse o seguir adelante con documentación incompleta que luego habrá que corregir. Ambas cosas ocurren, pero normalmente es más fácil gestionar un aplazamiento.
Hipoteca conjunta: conceptos básicos
Dos prestatarios y una sola deuda
Cuando dos personas solicitan una hipoteca juntas, el banco incluye a ambas como prestatarias. Las dos firman el contrato y responden de la totalidad de la deuda. Es lo que se conoce como responsabilidad solidaria. El banco puede reclamar el importe completo a cualquiera de los dos, no solo la mitad a cada uno. El acuerdo privado de pagar la cuota a medias no limita los derechos del banco: es un pacto entre ustedes, no una condición del préstamo. Si uno deja de pagar, el otro puede tener que asumir la cuota completa o negociar con el banco.
Los porcentajes de propiedad se fijan aparte, en la escritura de compraventa. Lo habitual es que sean iguales, pero pueden establecerse de otra manera —por ejemplo, un 70 % y un 30 %— si las aportaciones iniciales son distintas. Es mejor decidirlo desde el principio: cinco años después puede ser mucho más difícil demostrar quién aportó cuánto.
Qué analiza el banco
El banco suma los ingresos de ambos, resta las cuotas de otros préstamos y comprueba que la hipoteca no supere aproximadamente un tercio de los ingresos conjuntos. El límite puede ser superior en algunos casos, pero no conviene contar con ello. También valora la estabilidad laboral: un contrato indefinido y la antigüedad. Si uno de los solicitantes es autónomo, el banco puede revisar sus ingresos de los últimos dos años. Consulta el historial crediticio, incluida la base de datos CIRBE del Banco de España y registros de morosos como ASNEF. Las deudas de uno pueden perjudicar la solicitud de ambos. También se tiene en cuenta la edad: al finalizar el préstamo, el prestatario de mayor edad no suele superar los 70 años, aunque algunos bancos admiten hasta 75. Por eso, las parejas de más edad quizá tengan que pedir la hipoteca a menos años.
El porcentaje de financiación depende de la situación de los solicitantes. A los residentes se les suele ofrecer hasta el 80 % del menor de estos dos importes: el precio de compra o la tasación del banco. A los no residentes se les suele ofrecer entre el 60 % y el 70 %, con plazos más cortos y tipos más altos. Los ingresos en moneda extranjera pueden someterse a un análisis especialmente riguroso.
Cuánto dinero conviene tener disponible
Calculen la parte que el banco no financia —normalmente el 20 %— y sumen los gastos de la compra: impuestos, notaría, Registro de la Propiedad y tasación. Suelen representar entre un 10 % y un 13 % del precio, según la comunidad autónoma y el tipo de vivienda. En total, pueden necesitar en torno a un tercio del precio en efectivo. Los no residentes quizá necesiten más. El banco querrá saber de dónde proceden los fondos: puede pedir extractos bancarios, documentación de la venta de una vivienda anterior o un contrato de donación formalizado si les ayudan sus padres.
Documentación básica
La lista exacta depende de cada banco, pero una pareja suele necesitar:
- pasaporte y número de NIE —o DNI— de ambos; los residentes también deben presentar su tarjeta de residencia;
- certificado de matrimonio o justificante de inscripción de la pareja de hecho, si procede;
- las tres últimas nóminas, contratos de trabajo e informe de vida laboral;
- declaraciones de la renta (IRPF) del último año o de los dos últimos; los autónomos pueden tener que aportar también los modelos trimestrales y certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social;
- extractos bancarios de los últimos seis meses y justificantes de los ahorros;
- contrato de arras o de reserva y una nota simple del inmueble elegido;
- información sobre préstamos, tarjetas y compras aplazadas vigentes.
Los no residentes también tendrán que aportar documentos de su país de residencia, como justificantes de ingresos y declaraciones fiscales, junto con traducciones juradas si no están redactados en español.
Cómo funciona una hipoteca para un matrimonio
Por qué el banco quiere que participen los dos
En régimen de gananciales, la vivienda comprada durante el matrimonio puede pertenecer a ambos cónyuges, y la deuda también puede ser común. El banco lo sabe, por lo que casi siempre pide la firma de ambos. Es una forma de protegerse: cuantos más responsables haya y cuantos más bienes comunes puedan responder de la deuda, menor será el riesgo para la entidad.
El artículo 1320 del Código Civil
La legislación española protege la vivienda familiar. Por regla general, no se puede vender ni hipotecar sin el consentimiento del otro cónyuge, aunque la vivienda figure a nombre de uno solo y el matrimonio esté en separación de bienes. En la práctica, eso suele significar que ambos acuden a la firma: uno solicita el préstamo y el otro presta su consentimiento. Sin esa autorización, la operación puede no salir adelante. No es una formalidad caprichosa del banco: quiere evitar que la hipoteca pueda impugnarse más adelante.
Cuándo el dinero es privativo
Supongamos que están en gananciales, pero compran la vivienda con ahorros anteriores al matrimonio o con dinero recibido en una herencia. La vivienda puede inscribirse como bien privativo de uno de los cónyuges. Sin embargo, no suele bastar con indicarlo en la escritura: puede ser necesario acreditar el origen del dinero y el registrador puede pedir justificantes. Algunas parejas piensan que basta con poner la vivienda a nombre de uno, pero, cuando surge un imprevisto, pueden pasar semanas buscando extractos bancarios de hace muchos años. Si los documentos están en orden, el trámite suele ser sencillo. El problema es que muchas personas no guardan esos justificantes y creen que la burocracia termina cuando se aprueba la hipoteca.
Una hipoteca a nombre de un solo cónyuge
Si tienen separación de bienes
Suele ser el caso más sencillo. Si su régimen económico es de separación de bienes y solo compra uno de los cónyuges, el banco analizará principalmente su situación; normalmente no necesitará los ingresos del otro. Sin embargo, si se trata de la vivienda familiar, el otro cónyuge puede tener que acudir al notario para dar su consentimiento. A veces, el banco le pide que firme como hipotecante no deudor: ofrece la vivienda como garantía, pero no responde personalmente del préstamo.
Si tienen gananciales
En este caso, la situación es más delicada. Una vivienda comprada durante el matrimonio con dinero común puede pertenecer a ambos, aunque el préstamo figure a nombre de uno solo. La deuda contraída para comprarla puede considerarse una obligación de la sociedad de gananciales, por lo que el banco podría reclamar contra los bienes comunes si el patrimonio privativo del prestatario no basta. No puede embargar sin más los bienes privativos del otro cónyuge —por ejemplo, sus ahorros anteriores al matrimonio, una herencia o sus propios ingresos—, pero sí pueden estar en riesgo los bienes comunes, incluida la vivienda. En otras palabras, uno de los cónyuges podría perder la casa sin haber firmado el préstamo.
Qué riesgos asume quien no firma
En resumen, hay cuatro riesgos principales:
- Primero: perder la vivienda si quien firma deja de pagar, porque el inmueble queda hipotecado y el otro cónyuge ya ha consentido la garantía.
- Segundo: con separación de bienes, si la vivienda está inscrita a nombre de uno solo, el otro puede no tener derechos de propiedad, aunque haya contribuido durante años a los gastos familiares. Cuando termine el régimen, tendrá que acreditar sus aportaciones o reclamar una posible compensación, por ejemplo, por el trabajo doméstico.
- Tercero: los derechos sucesorios pueden estar condicionados por la existencia de hijos y por el testamento; por tanto, el cónyuge superviviente no siempre podrá quedarse en la vivienda sin más.
- Cuarto: la falta de información. Quien no firma puede desconocer los términos del préstamo o si las cuotas están al día. Si optan por esta fórmula, acuerden las condiciones de antemano y déjenlas por escrito.
¿Puede una pareja de hecho solicitar una hipoteca conjunta?
Sí, el banco también puede concederla a una pareja de hecho
Para el banco, una pareja de hecho son dos personas que compran una vivienda juntas. Pueden ser coprestatarias y copropietarias, y la entidad analizará los mismos aspectos que en cualquier otra solicitud conjunta: ingresos, trayectoria laboral, historial crediticio y documentación. El estado civil no determina por sí solo el tipo de interés ni el porcentaje de financiación. Por lo general, el banco no pide el certificado de inscripción de la pareja, aunque puede preguntar por la relación entre los solicitantes. A menudo, las personas no residentes no pueden inscribirse como pareja de hecho porque suele ser necesario vivir en la comunidad autónoma correspondiente. Eso no impide comprar una vivienda entre dos.
Qué implica inscribirse como pareja de hecho y qué no
En España no existe un registro estatal único de parejas de hecho. La inscripción se realiza en registros autonómicos o ante notario, y las normas varían considerablemente de una comunidad a otra. Inscribirse no crea automáticamente un régimen de gananciales: los bienes pertenecen a quien figure como titular, y solo es común lo que se compra conjuntamente, según los porcentajes inscritos. Si quieren establecer otra organización, pueden formalizar un acuerdo de convivencia ante notario. La exigencia de consentimiento para disponer de la vivienda familiar que hemos comentado se regula expresamente para los cónyuges. En algunas comunidades con derecho civil propio, las parejas de hecho tienen una protección similar; en el régimen común, esa protección no está garantizada.
Las diferencias van más allá de la hipoteca. Por regla general, una pareja de hecho no puede presentar una declaración conjunta del IRPF, salvo algunas excepciones, como Navarra y el País Vasco. La pareja no hereda automáticamente por ley, así que, sin testamento, puede quedarse sin derechos sucesorios. La pensión de viudedad también está sujeta a requisitos: la pareja debe estar inscrita oficialmente o formalizada ante notario al menos dos años antes del fallecimiento y, además, debe acreditarse el periodo de convivencia exigido. El impuesto de sucesiones también depende de la comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana, las parejas de hecho inscritas pueden recibir el mismo trato fiscal que los cónyuges y optar a la bonificación del 99 %. En cambio, una pareja no inscrita puede quedar sujeta a un tratamiento fiscal menos favorable.
Matrimonio y pareja de hecho: principales diferencias
| Aspecto | Matrimonio | Pareja de hecho inscrita |
|---|---|---|
| Régimen económico | Gananciales o separación de bienes, con diferencias según la comunidad autónoma | No hay régimen matrimonial; se aplican las reglas de copropiedad y los acuerdos firmados |
| Consentimiento para disponer de la vivienda familiar | Exigido por el artículo 1320 | Por regla general, no se exige en el régimen común, aunque algunas comunidades tienen normas propias |
| Impuesto de sucesiones en Valencia | Bonificación del 99 % | Puede aplicarse la misma bonificación si la pareja está inscrita; de lo contrario, el tratamiento puede ser menos favorable |
| Declaración conjunta del IRPF | Posible | Por regla general, no; hay excepciones en Navarra y el País Vasco |
| Herencia sin testamento | El cónyuge tiene derechos sucesorios | La pareja no hereda automáticamente |
| Ruptura | Divorcio, por vía judicial o notarial en los casos permitidos | Se puede cancelar la inscripción; no siempre hace falta acudir al juzgado |
¿Conviene pedir una hipoteca en pareja?
Por lo que respecta al préstamo, solicitarlo en pareja no es mejor ni peor por sí mismo: las condiciones dependen del análisis que haga el banco. Entre las ventajas de la pareja de hecho están la posibilidad de dejar claros los porcentajes de propiedad y las aportaciones, y que una ruptura no exige tramitar un divorcio. En Valencia, la inscripción también puede equiparar el tratamiento del impuesto de sucesiones al de los matrimonios. Los inconvenientes son que, por regla general, no se puede presentar una declaración conjunta, no hay derechos sucesorios automáticos, la pensión de viudedad puede ser más difícil de tramitar y el reparto de la vivienda tras una ruptura puede acabar en los tribunales.
En resumen, se puede comprar en pareja, pero conviene dejar por escrito los aspectos importantes. Recomendamos valorar estas cinco medidas:
- fijar desde el principio los porcentajes de propiedad en la escritura, teniendo en cuenta las aportaciones iniciales;
- formalizar ante notario un acuerdo de convivencia que indique quién paga la hipoteca y qué ocurrirá si la relación termina;
- otorgar testamentos recíprocos, para que la pareja superviviente no quede desprotegida;
- valorar un seguro de vida para cada prestatario que proteja al otro y al banco;
- inscribirse como pareja de hecho si viven en una comunidad donde la inscripción da acceso a ventajas fiscales o sucesorias.
Divorcio e hipoteca: qué conviene saber de antemano
El juez no puede modificar el contrato con el banco
En un convenio de divorcio o en una sentencia se puede establecer que la vivienda se adjudica a uno de los cónyuges, que el otro pagará la hipoteca y que los hijos seguirán viviendo allí. El banco no es parte de ese acuerdo, así que su situación no cambia. Mientras no se modifique el contrato hipotecario con el consentimiento de la entidad, ambos prestatarios siguen siendo responsables de la deuda. Si uno deja de pagar, el banco puede reclamar a los dos. Ni siquiera el derecho de uso de la vivienda familiar que el juez suele atribuir a uno de los progenitores con los hijos redistribuye la deuda hipotecaria entre los prestatarios.
Cómo resolver la hipoteca tras la ruptura
Lo habitual es plantear una de estas tres opciones:
- Vender la vivienda y cancelar la hipoteca. Es una solución clara, aunque no siempre sea fácil desde el punto de vista emocional.
- Pedir al banco que modifique el contrato para que uno de los cónyuges salga del préstamo y el otro quede como único prestatario. La entidad solo lo aceptará si quien se queda puede asumir las cuotas con sus ingresos.
- Refinanciar la hipoteca a nombre de una sola persona, con nuevas condiciones y gastos. Quien se quede en la vivienda suele tener que pagar al otro la parte que le corresponde del valor del inmueble, y el banco también analizará si esa operación es viable. Es mejor hablar de la hipoteca durante el proceso de separación, no años después, cuando la deuda haya aumentado y la situación sea más tensa.
¿Y si se separa una pareja de hecho?
El trámite formal es más sencillo, pero la situación práctica puede complicarse. La pareja inscrita puede extinguirse comunicándolo al registro correspondiente, sin que siempre sea necesario acudir al juzgado o al notario. Sin embargo, ambos siguen siendo responsables de la hipoteca y la vivienda pertenece a sus titulares según los porcentajes que consten en los documentos. Si no llegan a un acuerdo, puede ser necesario pedir la división de la cosa común. Si el inmueble no se puede dividir, el juez puede adjudicárselo a uno y fijar una compensación para el otro, o disponer su venta. Ninguna de las dos opciones suele ser ideal. Un acuerdo de convivencia formalizado ante notario puede ayudar a prevenir conflictos.
Capitulaciones, seguro y notaría
Capitulaciones matrimoniales: las reglas se pueden cambiar
El acuerdo matrimonial español se llama capitulaciones matrimoniales y se firma ante notario. Se puede otorgar antes de la boda o en cualquier momento después, y el régimen económico se puede modificar más de una vez. Para que los cambios surtan efecto frente a terceros, deben inscribirse en el Registro Civil y, si hay inmuebles, también en el Registro de la Propiedad. Hay un detalle importante: cambiar el régimen no elimina las obligaciones ya contraídas. Si tienen una hipoteca, ninguno quedará liberado de la deuda frente al banco por el simple hecho de modificar las capitulaciones ante notario.
Seguro de vida
Los bancos suelen ofrecer y, a veces, insisten en contratar un seguro de vida junto con la hipoteca. La ley de 2019 prohíbe imponer la póliza del propio banco: pueden presentar una cobertura equivalente de otra aseguradora. Si fallece uno de los miembros de la pareja, la deuda no desaparece. Pasa a los herederos junto con la vivienda, y para quien se queda puede ser muy difícil afrontar a la vez la hipoteca, los trámites sucesorios y el duelo. El seguro puede aliviar parte de esa carga. Conviene valorar bien esta protección antes de descartarla.
El plazo de diez días y los gastos
La Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ofrece varias garantías al prestatario. El banco debe entregar con antelación la ficha europea de información normalizada, llamada FEIN, y un borrador del contrato. Entre la entrega de estos documentos y la firma deben transcurrir al menos diez días naturales. Durante ese plazo, se acude al notario para recibir asesoramiento y confirmar que se han entendido las condiciones. Pueden elegir libremente al notario. Los principales gastos de formalización de la hipoteca corresponden al banco: notaría, Registro de la Propiedad, gestoría e impuesto sobre actos jurídicos documentados. El prestatario paga la tasación de la vivienda. Los impuestos de la compraventa siguen siendo responsabilidad del comprador: ITP en una vivienda de segunda mano o IVA y AJD cuando se compra al promotor.
En Alegría nos hacen a menudo la misma pregunta, con distintas palabras: «¿Puedo poner la vivienda solo a mi nombre si estoy casado?». A veces, sí. Pero la respuesta depende del régimen económico, de las condiciones del banco y de si el otro cónyuge debe consentir ante notario. Con una pareja de hecho ocurre algo parecido: no hace falta casarse, pero sí conviene dejar por escrito cómo se organiza la propiedad.
Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico. Cada pareja tiene circunstancias y acuerdos patrimoniales propios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo influye el régimen económico matrimonial en la compra de una vivienda en España?
Ayuda a determinar quién será propietario del inmueble y qué firmas pueden ser necesarias para la compraventa y la hipoteca. El régimen aplicable depende de la legislación correspondiente y de las circunstancias del matrimonio.
¿Puede un cónyuge pedir una hipoteca sin el otro?
En algunos casos, solo uno de los cónyuges puede figurar como prestatario. Sin embargo, el banco o el notario pueden pedir el consentimiento del otro si se trata de la vivienda familiar. Los requisitos dependen del régimen económico y de la operación.
¿Responden ambos cotitulares de toda la hipoteca?
Si existe responsabilidad solidaria, el banco puede reclamar el importe total a cualquiera de los prestatarios. El acuerdo privado de pagar la mitad cada uno no limita los derechos de la entidad.
¿Puede una pareja de hecho pedir una hipoteca conjuntamente?
Sí. Los miembros de la pareja pueden ser coprestatarios y copropietarios. Conviene dejar por escrito los porcentajes de propiedad y los acuerdos sobre los pagos.
¿Qué ocurre con la hipoteca tras un divorcio o una ruptura?
El divorcio o la extinción de una pareja de hecho no modifica por sí sola el contrato hipotecario. Mientras el banco no acepte un cambio, ambos prestatarios siguen siendo responsables. Entre las opciones están vender la vivienda y cancelar el préstamo, pedir al banco que libere a uno de los prestatarios o refinanciar.




